La Federación de Gran Canaria obliga a los clubes a hacerse cargo del montaje y desmontaje de las competiciones bajo pena de no dejarlos participar
El judo grancanario está sentado sobre un verdadero polvorín. La brecha entre clubes y la Federación Insular de Gran Canaria es cada vez mayor. Este distanciamiento entre deportistas y la junta directiva federativa ha desembocado en la publicación, el pasado día 3 de febrero de 2014, de una circular sin precedentes y con carácter autoritario, que obliga a los clubes a hacerse cargo del montaje y desmontaje de las competiciones bajo pena de no dejarlos participar, así como la directriz de obligar a los árbitros, afiliados como deportistas a esos clubes, a tomar parte en los torneos.
Tras la sorpresa inicial, la reacciones no se han hecho esperar. Francis Almeida, veterano competidor y profesor del Judo Club Furanca, entidad que logró el único campeón de España de la categoría masculina infantil y cadete en 2013, ha manifestado su total rechazo ante las nuevas directrices, “La junta directiva ha perdido los papeles con las nuevas normativas. No tiene sentido y no podemos, por decreto, obligar a los deportistas y mucho menos, a los jóvenes, a trabajar para la federación. Sería algo así como un presunto intento de explotación. Este mecanismo coaccionador no va a funcionar”, argumentó el técnico grancanario.
La circular de la Insular de Gran Canaria señala que “para poder participar en las competiciones organizadas por la Federación, los clubes deberán aportar un mínimo de colaboradores según índice de participación: (Árbitros, Jueces Árbitros, Oficiales de Organización Deportiva, voluntarios). Estas personas además de realizar sus funciones, deberán colaborar en el desmontaje del Campeonato”. El comunicado federativo hace énfasis en la advertencia de que “los clubes que no cumplan los requisitos acordados por la comisión de esta federación no podrán participar en las competiciones programadas”.
Para el docente grancanario está claro que la estructura federativa se ve incapaz, por si misma, de llevar a cabo su obligación de organizar las competiciones y demás actividades, “Han generado un clima de desapego y ante la falta de colaboración voluntaria, pretenden obligar a clubes y deportistas a que hagan el trabajo que les corresponde a ellos”. Los clubes deben cumplir con las obligaciones económicas de afiliación, homologación del club, colegiación de profesores, colegiación de árbitros y licencias de deportistas, tras todo este desembolso, ahora, además se les exige que sean ellos los que monten y desmonten las competiciones, a las cuales tienen derecho tras haber pagado la afiliación federativa.
Durante años la Federación de Gran Canaria se ha nutrido de las tasas federativas aplicadas a clubes y deportistas, así como de subvenciones públicas, sin lograr generar recursos externos y sin llegar a crear una estructura sólida que pudiera hacer frente a un calendario de actividades. Almeida no duda a la hora de señalar que “la junta directiva debería reflexionar sobre cómo se ha llegado a esta situación de distanciamiento con los clubes y la consiguiente ausencia de colaboración voluntaria por parte de los mismos. Hay demasiadas zonas oscuras en la gestión federativa como para generar confianza entre los deportistas”, matiza el veterano competidor grancanario.
La desinformación sobre los aspectos administrativos, económicos y deportivos de la Insular de Gran Canaria que preside Domingo Afonso, así como los comportamientos autoritarios, manifestados, en más de una ocasión a tráves de circulares oficiales han propiciado este clima de desencuentro entre los clubes y la junta directiva federativa.
El ARBITRAJE, FUERA DE JUEGO.
El área de arbitraje de la Federación de Judo de Gran Canaria vive momentos muy delicados. La ausencia de coordinación en la estructura federativa insular ha generado un escenario donde la faceta arbitral se ha resentido en sobremanera durante los últimos años. Desde el ente federativo se ha pretendido instaurar un sistema sancionador para los clubes, con el objetivo de paliar la falta de capacidad organizativa y de empatía, de los responsables federativos, con los técnicos, deportistas y árbitros del judo grancanario.
A la existencia, casi simbólica, de una Comisión de Arbitraje, de la cual se desconoce la identidad de sus integrantes, salvo la del presidente de dicha comisión, que resulta ser un árbitro de kendo, se le unen las nuevas normativas, presuntamente, irregulares que desean poner en marcha. Por un lado, la circular de 26 de febrero de 2013 que dictaminaba una sanción económica de 50 euros a aquellos clubes que no aporten árbitros a las competiciones. De otra parte, la polémica normativa, incluida en el comunicado federativo del 19 de noviembre de 2013, que dicta que los delegados de clubes no pueden asistir al pesaje oficial.
Desde la Federación de Gran Canaria se defiende que ambas normativas están basadas en las directrices de la Real Federación Española de Judo, Rfejyda, pero cuando Francis Almeida ha solicitado por escrito, saber a qué normativas de la Rfejyda se refieren, el silencio administrativo ha sido la respuesta. No lo saben, no contestan. El técnico grancanario ha puesto esta presunta irregularidad en conocimiento del Juez Único de Competición y Disciplina Deportiva pero tampoco ha recibido aún contestación alguna. Asimismo, procedió a enviar, vía correo electrónico, un escrito a Juan Carlos Barcos, presidente de la Rfejyda y Director de Arbitraje de la Federación Internacional de Judo, informándole de estas circunstancias pero tampoco ha recibido contestación a este respecto.
Las decisiones y normativas polémicas han formado parte de los últimos años de la Insular de Gran Canaria, como aquella, controvertida circular del 17 de noviembre de 2012, que indicaba que si se daba el peso en el pesaje extraoficial, no se hacía preciso que el deportista acudiera al pesaje oficial. Lo cuál contradice toda lógica de transparencia deportiva.
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