El TSJC confirma la sentencia que obliga a repetir las elecciones de Judo

Desestimada la apelación, el fallo de los magistrados condena al Gobierno de Canarias y a la Federación Canaria a pagar las costas del trámite judicial 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, TSJC, ha resuelto desestimar la apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria que obligaba a la Federación Canaria de Judo y a la DGD a repetir el proceso electoral de 2010. La apelación fue interpuesta por la federación y la Administración Pública del Gobierno de Canarias, en contra de los deportistas que tuvieron el valor de denunciar las graves irregularidades electorales. En la resolución, el TSJC condena a pagar las costas del trámite judicial al ente federativo y al Gobierno de Canarias (que actuó en representación de la Junta Canaria de Garantías Electorales, Jucage, de la Dirección General de Deportes).
La apelación interpuesta por la DGD y el ente federativo ha propiciado que el cumplimiento de la sentencia se retrasara un año más, con el grave perjuicio que ha supuesto para clubes y deportistas que han tenido que convivir con una incómoda gestión federativa durante todo este tiempo. La Jucage, adscrita a la Dirección General de Deportes que dirige Ramón Miranda, debe ahora asegurarse de que se cumpla la sentencia judicial de 18 de octubre de 2013, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y que obliga a retrotraer el proceso electoral a la publicación del listado por estamentos de las personas físicas y jurídicas con derecho a estar incluidas en el censo electoral.

DENUNCIADAS TAMBIÉN LAS ELECCIONES DE 2014. El pasado día 22 de diciembre se culminó el proceso electoral de 2014 del judo canario y una vez más, como sucediera en 2010, los deportistas han tenido que dar un paso al frente para denunciar ante la Dirección General de Deportes lo que consideran, presuntos, muy graves incumplientos de la normativa vigente. Estas, presuntas, graves anomalías electorales han sido denunciadas formalmente ante la Jucage desde el pasado mes de noviembre. La incomprensible apatía del órgano del Gobierno de Canarias en 2010 obligó, en aquel entonces, a que los deportistas tinerfeños tuvieran que buscar la salvaguarda de sus derechos en los juzgados, lo que ha culminado en que se tendrán que pagar las costas judiciales con dinero público. Los judokas isleños esperan que el escenario de indefensión no se vuelva a repetir y confían en que la DGD adoptará las medidas necesarias para la defensa y protección del deporte canario.