El titular del Juzgado de Lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, Alberto López Villarrubia, acuerda en un auto firmado hoy, 17 de diciembre de 2014, "tener por cumplido el convenio de acreedores de la Unión Deportiva Las Palmas SAD". La entidad amarilla fue la primera sociedad anónima deportiva española en solicitar concurso de acreedores. El auto firmado por el juez Juan José Cobo Plana que lo declaró fue fechado el 5 de noviembre de 2004.
Hoy, 17 de diciembre de 2014, después de haber pagado 25.788.852,37 euros, la UD Las Palmas SAD obtiene el auto que recoge el cumplimiento del convenio de acreedores, del concurso solicitado por el Club el 4 de noviembre de 2004, dos días después de que lo solicitara el acreedor Iñaki Urquijo.
Un día después de solicitarlo la UD Las Palmas, el juez Juan José Cobo Plana, titular del juzgado de Lo Mercantil desde su inauguración, atendió ambas solicitudes, entendiendo que el Club llevaba tiempo reuniendo toda la información necesaria para solicitar formalmente esa nueva vía para reflotar empresas en situación crítica, desgranada en la, por aquel entonces, recientemente aprobada Ley Concursal, que sustituía la antigua figura de la suspensión de pagos.
En medio de una tremenda incertidumbre, tanto por el futuro de la entidad, como por los nuevos mecanismos jurídicos recogidos en la ley, la Unión Deportiva ejerció de pionera y se sucedieron multitud de acontecimientos de los que no había antecedentes: el poder ‘empresarial' con el que la ley concursal dotaba al juez, tanto para decidir el criterio para destituir a un entrenador (David Amaral), como para embargar a la RFEF por el total de la deuda de la UD Las Palmas si se oponía a tramitar una licencia.
Auto 6/2004
El procedimiento abierto para el concurso de la UD Las Palmas fue el sexto de 2004, en un juzgado que apenas tenía actividad en sus primeros pasos, pero que ha ido adquiriendo un ingente volumen de expedientes, de solicitudes de concurso de todos los sectores de actividad económica del país. Tan sólo en el fútbol profesional español, más de la mitad de las SAD que estos años han militado o militan en la Liga de Fútbol Profesional se han acogido a esta Ley, en cuyo articulado prevé la obligación legal de solicitar concurso si la empresa entra en causa de disolución.
364 acreedores
Después de atravesar multitud de vicisitudes durante 2005, con el primer equipo en Segunda División B, el 11 de enero de 2006 se acordó el Convenio de 364 acreedores, que aceptaron una quita del 50%, de una deuda de 66.147.750,13 euros, que no engloba intereses, recargos y sanciones que aumentaron esta cifra hasta los 72 millones de euros, ni otros pagos afrontados al margen del concurso en estos últimos años.
El Cabildo y la CAM
El papel del Cabildo de Gran Canaria, presidido aquel año por José Manuel Soria, entendiendo su necesario apoyo a la operación de financiación para que los acreedores tuvieran la satisfacción inmediata de su deuda, y el de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que aceptó la firma de la operación de crédito, en unos momentos en los que la credibilidad que desprendía la entidad amarilla tocaba fondo. Dos préstamos, de 21 millones y 2,4 millones de euros, firmados el 31 de julio de 2006, evitaban al menos provisionalmente la liquidación de la UD Las Palmas.
De esos dos préstamos sólo queda uno por cancelar, el mayor, con fecha de vencimiento en 2027, del que queda por pagar casi 13 millones de euros. Otras deudas fuera de concurso a las que hace frente la entidad no forman parte de este cómputo.
La UD Las Palmas agradece a todos los particulares y empresas que condonaron, a los avalistas del préstamo, en especial a D. Germán Suárez por su capacidad para aglutinar voluntades entre el empresariado, y a los aficionados que exhibieron múltiples gestos de apoyo para que el juzgado entendiera que este Club no es una empresa más, su militancia, cariño y apoyo todos estos años.
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