El juez ordena repetir las elecciones de la Federación Canaria de Judo

El proceso electoral de 2010 estuvo plagado de irregularidades

Finalmente ha tenido que ser un Juez quien pusiera freno al peor episodio de la historia del judo canario. La adulteración del proceso electoral de 2010, conocida por todos los clubes de Canarias, pero que tan sólo fue denunciada en un juzgado por un grupo de valientes judokas tinerfeños, quienes no se rindieron ante la apatía de la Junta Canaria de Garantías Electorales de la dirección general de Deportes del gobierno de Canarias, DGD, en llegar hasta el fondo de las denuncias puestas en su conocimiento. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria emitió el pasado día 18 de octubre la sentencia que obliga a la Federación Canaria de Judo y Deportes Asociados, Fcjyda a repetir el proceso electoral de 2010. Han tenido que pasar tres años de espera administrativa para que un juzgado reconociese la intoxicación electoral que el judo canario vivió en las pasadas elecciones de 2010. Tres años en los que el judo isleño ha vivido el mayor declive de las últimas décadas.  Desde que la ley se modificó y se suprimió el límite de mandatos para poder presidir una federación deportiva canaria, el judo canario, tinerfeño y grancanario llevan más de 16 años con los mismos presidentes; Antonio Coruña (Federación Canaria), Fermín Torres (Federación Tinerfeña) y Domingo Afonso (Federación de Gran Canaria), así como el mismo secretario, Eladio Pérez, desde hace más de treinta años. La Junta electoral del proceso de 2010 estuvo formada por Ángel Luis Calonge (presidente de dicha junta y conocido por su participación como abogado defensor del desafortunado ‘caso karate’), Alejandro Doblado (secretario de la junta y director técnico de Gran Canaria y la Canaria) y algún miembro más cuya identidad es desconocida, pues su firma no aparece en los documentos oficiales que la Fcjyda publicó en su web oficial. El resto de la estructura administrativa federativa de 2010 la conforman, Eladio Pérez (padre) secretario general y tesorero de la Federación Canaria y de Gran Canaria, así como Eladio Pérez (hijo) administrativo de las federaciones Regional e insular de Gran Canaria. Cabe destacar que tanto los presidentes (a excepción del tinerfeño Fermín Torres) como los demás, anteriormente mencionados, coincidían en el hecho de que sus licencias federativas habían sido tramitadas por el club de Alejandro Doblado, secretario de la junta electoral y candidato por partida doble en las elecciones. La teoría indica que la Junta Electoral es la encargada de velar por la transparencia y el correcto desarrollo de las elecciones. Nada de lo que sucedió en el proceso electoral de 2010 se podría haber realizado sin la colaboración de la Junta Electoral. Los horarios y censos irregulares, los clubes fantasmas, y sobre todo, el escandaloso hecho de que, Alejandro Doblado, secretario de la Junta Electoral fuese al mismo tiempo candidato a las elecciones a las Asambleas, de la Federación Insular de Gran Canaria y Federación Canaria, así como la posterior y asombrosa defensa del presidente de la Junta Electoral, Ángel Luis Calonge, afirmando, mediante documento oficial, que sí era posible y legal ser candidato y secretario de la junta electoral de manera simultánea. Lo nunca visto en una sociedad democrática.   ... En el contexto de un proceso electoral a una federación deportiva canaria, el término aval hace referencia a que los candidatos a presidente deben recabar un determinado número de avales (documento oficial firmado) por parte de los miembros de la Asamblea, para poder ser candidatos. Pero claro, para eso se precisa celebrar primero las elecciones a la Asamblea y una vez conocidos los miembros oficiales de la asamblea, los candidatos a presidente pueden dirigirse a ellos y solicitar que los avalen. En las elecciones del judo canario, las cosas sucedieron de manera diferente e irregular. Los avales (documentos oficiales firmados) fueron solicitados incluso antes de que se produjera el anuncio del comienzo del proceso electoral. Es decir, que antes de que existieran los miembros oficiales de la Asamblea, ya se estaba pidiendo a los deportistas, técnicos, clubes y árbitros (sin aún ser miembros de la asamblea) que firmaran un documento oficial de aval a una candidatura. El ejemplo más evidente y reconocido públicamente era el del presidente –vigente en ese momento- de la Insular de Gran Canaria, Domingo Afonso, quien recorría los clubes pidiendo los avales, casi seis meses antes de que comenzará el proceso electoral.   ... Para tener derecho a participar en unas elecciones, los clubes deben cumplir los requisitos de llevar dos años afiliados (el año electoral y el año anterior a las elecciones) y además deben poseer deportistas en activo. Pues bien, tres clubes grancanarios no cumplian los requisitos para poder participar en las elecciones. La situación se tornaba más grave, cuando dos de esos clubes tenían una vinculación directa con Alejandro Doblado, Secretario de la Junta Electoral, quien en teoría debía velar por el cumplimiento de la normativa electoral. Todo esto fue reclamado ante la Junta Electoral y la DGD pero igualmente cayó en saco roto. ... Tanto en los estatutos de la Federación Canaria como en el Reglamento Electoral de las Federaciones Deportivas, se indica que no se puede ser miembro de la Junta Electoral y al mismo tiempo candidato en un proceso electoral, es decir juez y parte implicada (algo lógico para preservar la transparencia e imparcialidad de unas elecciones). Si algo define a las elecciones del judo canario es la asombrosa resolución (documento oficial de 10 de febrero de 2011) que emitió Ángel Luis Calonge, presidente de la Junta Electoral y en cuyo contenido se señala, en base a una personal interpretación de la ley, que si se puede ser candidato y secretario de la junta electoral.  ... Durante estos años, los clubes de toda Canarias han sido conocedores de lo que había pasado en las elecciones del 2010, pero la desunión entre los afiliados favorece la impunidad con la que la gestión federativa comete habitualmente sus excesos.  Ahora el balón está en el tejado de la dirección general de Deportes del gobierno de Canarias que debe velar porque se realice un nuevo proceso electoral. Para ello es preciso que la DGD constituya una comisión gestora o designe una Junta Electoral, imparcial, con la que asegurar un proceso democrático y transparente. Resultaría una auténtica locura, que las mismas personas, de la estructura administrativa, implicadas en las irregularidades de 2010, sean nuevamente las que dirigan las elecciones. Es la oportunidad para que la DGD enmiende, en la medida de lo posible, su falta de celo durante los procesos electorales de 2010. No sólo el judo, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, presentó reclamaciones a las elecciones de 2010. También; taekwondo, natación, automovilismo, golf, tiro con arco, colombofilia y otros, trataron de acudir a la Junta Canaria de Garantías Electorales, buscando protección, sin mucho éxito en sus reivindicaciones.   EDDC.NET