La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha anulado la junta general celebrada el 17 de diciembre de 2009, al estimar el recurso de apelación presentado por el expresidente Manuel García Navarro. La Sala sigue la misma tesis de su sentencia del pasado 21 de mayo, que no reconoce como capital social de la UD Las Palmas SAD el realmente desembolsado en la ampliación de 2005, de 1.769.080 euros ni, por ende, la lista de accionistas asistentes y representados en la junta de diciembre de 2009. La UD Las Palmas recurrirá al Tribunal Supremo, como ya hizo con la anterior.
La Sala argumenta que al no completarse la cantidad de la convocatoria de la última ampliación de capital (2006), fijada en principio en 3.521.240 euros, el capital social actual debería ser el que sirvió para convocar la junta de 8 de julio de 2005 (3.512.170,50 euros), y no el capital finalmente desembolsado (1.769.080 euros aportados, entre otros, por los abonados de la temporada 2005/06). En este procedimiento no se menciona que la junta general extraordinaria celebrada en marzo de 2006 acordó que la ampliación de capital propuesta se inscribiera por el capital finalmente desembolsado. El propio García Navarro aparece como interventor de esa junta.
La Audiencia Provincial resalta además, como ha ocurrido en otros procedimientos, "la grave discordancia entre el capital que figura en el Registro Mercantil por 10.806.678,45 euros", el que se utilizó para elaborar el listado de asistentes de la junta general celebrada el 8 de julio de 2005, de 3.512.170,50 euros, y el que se ha empleado desde entonces para configurar los listados de asistentes y representados de las juntas posteriores a esa fecha, de 1.769.080 euros.
La magistrada Margarita Hidalgo, ponente de esta sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, contradice la dictada por el juzgado de Lo Mercantil número uno de Las Palmas de Gran Canaria, de 18 de febrero de 2001, en la que se declaraba que el capital social real es de 1.769.080 euros, cifra que sirve de referencia para configurar todas las lista de asistentes a las juntas que se han celebrado desde 2005 hasta ahora. En la mayoría de estas juntas generales figura la firma de García Navarro como interventor, acreditando los acuerdos.
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